El Senado aprobó el lunes la Resolución Concurrente que solicita al Congreso extender a Puerto Rico todos los beneficios asociados al programa de Seguro Social Suplementario (SSI por sus siglas en inglés).
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“Este sector de la población, estimado en poco más de 950,000 personas, ha sufrido demasiado por el impacto del huracán María. Los estudiantes de educación especial, por ejemplo, vieron sus terapias detenidas. El adulto discapacitado no tenía lugares donde asistir a recibir sus servicios debido al disloque que el huracán causó”, dijo el representante José Aponte Hernández, sobre el proyecto de su auditoría en conjunto con el legislador Néstor Alonso Vega.
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“No podemos esperar otra situación similar. El SSI proveería una línea de asistencia adicional a los más necesitados. Es algo justo que no se le puede negar a los ciudadanos americanos por ser residentes del territorio de Puerto Rico”, agregó en declaraciones escritas.
Hernández indicó que actualmente en la isla se reciben fondos federales a través del programa de Ayuda a Personas de Edad Avanzada, Ciegos e Incapacitados (AABD, por sus siglas en inglés), que representa, en promedio, unos $81 mensuales por persona.
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En total, sólo unas 33 mil personas cualifican para la ayuda de este programa. Con el SSI, el universo aumentaría casi 10 veces y los beneficios aumentarían en sobre un 600%.
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Asimismo, indicó que el SSI es un programa federal que provee beneficios adicionales al Seguro Social a personas ciegas, discapacitadas y personas de la tercera edad con bajos o ningún ingreso. También brinda servicios de hospitalización y otras ayudas de salud necesarias. El beneficiario promedio en los Estados recibe alrededor de unos $590 mensuales.
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Puerto Rico podría recibir hasta $1,950 millones anuales, según un informe suscrito por la Oficina de Contraloría General (GAO), y publicado en el 2014. El GAO estimó que, si Puerto Rico fuera un estado, sobre 360,000 residentes en la Isla cualificarían para pagos de SSI.
