Las redes sociales tienen muchos usos ademas de socializar. Los comercios las usan para escudriñar los gustos de los consumidores. Las agencias de seguridad para detectar el apostaderos de sospechosos de un crimen. Y, el gobierno federal para detectar fraudes en las reclamaciones del Seguro Social.
Así lo asegura la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP) en un escrito sobre como el Seguro Social escudriña las páginas de Facebook e Instagram para detectar fraudes en reclamaciones por discapacidad física o mental.
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Y es que los usuarios de las redes les gusta publicar en los medios sociales aventuras de viajes o hazañas deportivas que requieren vencer retos de resistencia física.
“Tirar un disco volador, lanzar una línea de pesca o correr un maratón pueden parecer diversiones inofensivas y saludables. Pero la actividad física puede resultar en dolores de cabeza si solicitas beneficios del Seguro Social por discapacidad y tus actividades se publican en Facebook o Instagram”, escribió recientemente Aaron Kassraie, en el portal de AARP.
La AARP ofrece cifras claves sobre este asunto algo escabroso.
Según la Administración del Seguro Social, en diciembre 8.5 millones de personas de todas las edades recibieron un total de $10,500 millones en beneficios por discapacidad, con un pago mensual promedio de $1,234. Se considera que el riesgo de discapacidad aumenta con la edad. A los 50 años las personas tienen el doble de probabilidades de incapacitarse y a los 60 años, se duplica esa posibilidad.
Si un solicitante de beneficios por discapacidad sale muy activo en sus publicaciones recientes en las redes sociales, se le podría denegar su solicitud, o cancelar si ya está recibiendo beneficios, si la agencia sospecha que el reclamante tiene vida deportiva intensa y saludable.
“Los medios sociales pueden aportar pruebas valiosas a favor o en contra de las solicitudes de beneficios por discapacidad de cada persona”, consignó en 2018 Rachel Greszler, investigadora de la Heritage Foundation, un centro de estudios conservativo de Washington.
Y la AARP se pregunta: ¿es justo que el Gobierno inspeccione lo que públicas en los medios sociales? ¿Es justo que se solicite beneficios por discapacidad si la persona realizan actividades físicas intensas? ¿Y dónde comienza y termina tu privacidad a medida que se comparte la vida social en la Internet?
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Todas estas son preguntas que la propia Administración del Seguro Social está considerando, conforme averiguó Kassraie.
“Se está evaluando las maneras en que los árbitros encargados de las solicitudes de beneficios por discapacidad pueden usar los medios sociales como parte de sus criterios sobre la consistencia y viabilidad de la evidencia en el expediente del solicitante”, dijo Berryhill en los documentos presentados ante el Congreso el año pasado.
Por supuesto, hay detractores y criticas. Unos consideran que es justo atrapar estos fraudes de modo mas eficiente para beneficio de las personas verdaderamente incapacitadas. Otros, explica Kassraie, “dicen que lo que se publica en los medios sociales no necesariamente representa fielmente el estilo de vida de una persona, dado que los usuarios normalmente comparten solo el contenido que desean que sus conocidos vean favorablemente”.
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La AARP considera que existen mejores métodos para detectar el fraude y coloca una cita interesante en su portal, a tal respecto:
“Esta propuesta comienza con la suposición discriminatoria que las personas con discapacidades no hacen nada socialmente en la comunidad, ni tienen vidas, por lo que cualquier cosa que la persona haga en los medios sociales puede clasificarse como algún tipo de fraude. Si la Administración del Seguro Social está interesada en eliminar el fraude, espiar las cuentas de los medios sociales de los solicitantes no es la forma de lograrlo”, dijo Eric Buehlmann, director ejecutivo adjunto de política pública de la National Disability Rights Network, un grupo sin fines de lucro de defensa de los derechos de sus socios discapacitados.
Es interesante notar que el Tribunal Internacional del Crimen usa videos o fotos colocados en Facebook para emitir órdenes de arresto contra perpetradores de crímenes de Guerra o de lesa humanidad.
De igual modo, organizaciones de derechos humanos rastrean videos en Youtube y otras redes sociales para acumular evidencia sobre violaciones a los derechos civiles.
Otras agencias buscan datos en las redes sobre depredadores, trata humana, pornografía infantil y otros crímenes. No obstante, Facebook -respondiendo a criticas sobre falta de privacidad en esa red- hace cada vez mas difícil el que se realicen búsquedas sobre los aspectos muy personales de sus usuarios.
Esta columna expresa solo el punto de vista de su autor. Rafael Matos es periodista y profesor de multimedios. Puedes contactarlo a través de cccrafael@gmail.com.
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