Durante una rueda de prensa que incluyó a representantes de varias industrias locales, la presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), Lourdes Aponte Rodríguez, advirtió que la imposición de aumentos a la factura del servicio eléctrico para sacar a flote a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) redundará en una debacle económica sin precedentes en Puerto Rico en los últimos 70 años.
La presidenta del CUD, acompañada de varios directivos del organismo así como representantes de la Asociación de Industriales y la de Hospitales, el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE y el asesor económico del CUD, emplazó el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, a no aprobar otro aumento que lacere el bolsillo de los Pequeños y Medianos Comerciantes (PyMes).
“Nuestros comerciantes están indignados”, aseguró Aponte Rodríguez.
“Estamos desvistiendo a un pueblo y a un sector empresarial que mueve la economía para vestir a los bonistas de la AEE y pagar pensiones del gobierno. Esto es producto de las malas decisiones administrativas que ha tenido el gobierno por los pasados años y no podemos permitir que paguen justos por pecadores”, añadió.
La portavoz del CUD alertó que al Cargo Legado Ajustado se le añade un cargo por las pensiones que se estima en unos 2.4 centavos el kilovatio por hora (kvh), lo que representaría un 20 por ciento de aumento en la factura de electricidad.
Aponte Rodríguez aseguró que el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE presentado el pasado viernes por la JSF aniquilará a las PyMes y dejará a la economía de Puerto Rico en un abismo.
“Solicitamos respetuosamente al gobernador a que busque soluciones certeras sobre la determinación de la JSF que es nefasta para la ciudadanía en general y que busque fondos alternos para las pensiones y que no se afecte la clase empresarial de las pymes. Ahora es el momento para que el gobernador actúe y no continúen desangrando el motor que mueve la economía del país que son las Pymes”, advirtió.
A 27 centavos el kvh
El representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE, el ingeniero Tomás Torres Placa, explicó por su parte que históricamente Puerto Rico ha tenido una factura de energía que promedia en los 22 centavos kvh. Sin embargo, alertó que si a ese promedio se le añaden los 4.5 centavos propuestos, el precio del servicio eléctrico en Puerto Rico aumentaría a unos 26 o 27 centavos kvh.
“El Producto Interno Bruto (PIB) de Puerto Rico está en cerca de $114,000 millones, porque tenemos un alto sector de manufactura, que a su vez alimenta el sector comercial y empresarial. Con energía a 26 y 27 centavos kvh, ese sector disminuiría grandemente y tendríamos una economía parecida a la economía de una isla turística como Jamaica, que su PIB está entre 17,000 y 20,000 millones”, advirtió Torres Placa.
“Todo ese impacto que tendríamos con la electricidad a 27 centavos kvh afectaría grandemente el desarrollo económico y aun el componente social de Puerto Rico, dado a que muchos profesionales emigrarían porque ya no abrían lugares donde se pudieran desempeñar”, añadió mientras aseguró que un aumento de esta índole cambiaria el sistema económico de Puerto Rico a uno concentrado en el sector turístico y no en la producción.
Torres Placa advirtió que en los próximos 15 años un aumento como este disminuiría el PIB de Puerto Rico a la mitad de lo que se produce actualmente.
“Hay soluciones, pero el primer punto que hay que hacer es atender el gasto que representa las pensiones de los retirados de la AEE, porque la JSF pretende que eso se les pase directamente a los consumidores con un gasto de 2.4 centavos kvh”, dijo.
El ingeniero explicó que con este aumento, en proporción, un consumidor que ahora paga $3,000 mensuales pagaría $3,600, o unos $7000 anuales. Mientras que un consumidor que paga $10,000 mensuales, pagaría $12,000 mensuales o unos $24,000 anuales.
Fin de la bonanza económica
Asimismo, el economista y asesor del CUD en este campo, advirtió que la bonanza económica ligada a los fondos federales pandémicos ya comienza a enfriarse y explicó que el cargo a la factura de electricidad materia el ecosistema económico de Puerto Rico, donde las PyMes representan el 95 por ciento de las empresas que operan a nivel local.
Vélez señaló que le toca al gobierno reorganizar sus gastos y no pasarles ese cargo adicional a los consumidores.
“Mas allá de seguir aumentando costos a los empresarios y al pueblo, lo que el gobierno debe hacer es ver qué costos ellos van a bajar, porque el gobierno está en función de nosotros, los contribuyentes y no se trata de seguir cuadrando la chequera de la AEE o del gobierno a costa de pasarle todos estos cargos a una economía que va en caída”, aseguró el reconocido economista.
“Los indicadores económicos muestran un descenso en la actividad con una caída notable en la venta de automóviles y casas. Los recaudos de Hacienda están en negativo y toda esta bonanza artificial que Puerto Rico ha vivido en los pasados tres años por los fondos federales de la pandemia está llegando a su fin”, añadió.
El economista indicó que durante la última reunión del CUD y la JSF en julio pasado, el organismo federal pidió al CUD un análisis de los costos que enfrentan las PyMes.
“El director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, entendió que las PyMes son la espina dorsal de la economía de Puerto Rico representando el 95 por ciento de las empresas que ahora mismo operan. También reconoció que el tema energético era un costo que afectaba esa estabilidad, porque la deuda se va a pagar de las empresas que generen empleos y recaudos”, indicó.
“Así que la JSF nos pidió un análisis en el que llevamos un mes trabajando para determinar cuál es la estructura de costos que enfrentan las PyMes en Puerto Rico y llevarle esas propuestas para ver si la JSF empieza a bajar los costos de hacer negocios”, añadió.