Casi diez mil familias podrían tener sus viviendas afectadas a diez meses de los terremotos

La ausencia de una política para la rehabilitación de viviendas dañadas por los sismos y el desdén de la Junta de Control Fiscal y el gobierno ante este asunto compromete la seguridad de miles de familias en el sur

El más reciente sismo de esta secuela se registró el pasado 25 de octubre y fue de una magnitud de 3.52. Foto por Nahira Montcourt | Centro de Periodismo Investigativo

Aquel susto al amanecer que trajo el primer terremoto el Día de Reyes le cambió la vida a miles de familias en el sur. Más de 12,000 temblores relacionados a esa secuencia sísmica se han registrado desde diciembre en esa región, según informó la Red Sísmica de Puerto Rico al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Diez meses después, muchas personas buscan resolver su situación a fuerza de varillas y bloques, muchas veces con sus propias manos.

“El Departamento de la Vivienda no ha hecho ningún esfuerzo. Lo que sé es que están preparando solicitudes de propuesta, pero todo se ha quedado en el papeleo. Yo siendo el gobierno, pondría la oficina de recuperación de estructuras, aquí en estos municipios [del sur], no en San Juan. Los fondos que vengan de San Juan, pero la oficina debe estar aquí porque yo tengo que ver como ingeniero, cuándo vamos a hacer la rehabilitación, dónde la vamos a hacer. Esto no se puede trabajar desde un escritorio en San Juan. Esto es un proyecto de construcción”.

Esto me decía el ingeniero Rafael Jiménez, mientras caminábamos en un recorrido en Guánica, el pueblo del sur más afectado por los terremotos de enero.

“Lo hice yo porque yo no puedo esperar que venga un ingeniero, y los temblores siguen. Ahora mismo esto ya me controla la casa, de que no sea tanto el jamaqueo”.

La caminata nos llevó a conocer a una mujer que llamaremos Magdalena Pérez en la calle 2 de la barriada Esperanza. Su nombre real se omite para proteger su identidad.

Como muchas otras casas de Guánica, la residencia de esta mujer sufrió daños con los terremotos del 6 y 7 de enero, de magnitud 6.4. Desde entonces, cuenta ella, los temblores sentidos en el sur y suroeste de Puerto Rico no se han detenido. El más reciente sismo de esta secuela se registró el pasado 25 de octubre y fue de una magnitud de 3.52.

Magdalena tiene experiencia en trabajos de construcción, y se dedicó a reparar casas cuando trabajaba en el municipio de Guánica. Su trasfondo la ha ayudado a manejar el proceso de rehabilitar su residencia, de manera que la estructura, según ella, pueda estar lista para enfrentar futuros eventos sísmicos.

“Este canto lo terminé esta mañana. Entonces esto fue lo que se me colapsó aquí. Esta columna se me dañó un poco. Esa columna se me dañó también. Esa fue la más mala, pero entonces yo lo que le hice fue, que le hice como una varilla abajo, de media, más gorda. Entonces le puse unos rotos de aquí pa’ arriba”, ilustró Pérez mientras conversaba con el CPI frente a su residencia.

“Lo hice yo porque yo no puedo esperar que venga un ingeniero, y los temblores siguen. Ahora mismo esto ya me controla la casa, de que no sea tanto el jamaqueo”, añadió la mujer guaniqueña sobre los trabajos que ha hecho con los fondos que recibió de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

Otros residentes en la calle 2 no tienen el mismo peritaje en construcción que su vecina Magdalena. Aun así, han tenido que hacer los trabajos de reparación por su cuenta, ante la ausencia de otras opciones de vivienda.

Aunque la agencia federal puede proveer una subvención económica de hasta $35,500 para reparar viviendas afectadas por los terremotos, el portavoz de FEMA, Alberto Pillot, informó al CPI que el promedio de dinero que reciben las familias fluctúa entre los $3,000 y los $5,000.

El encuentro con Magdalena Pérez fue en una tarde calurosa de agosto luego de una vista de la Comisión Especial de Terremotos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) a la zona. Otros vecinos aprovechaban el día y las condiciones del tiempo soleadas para trabajar en reparaciones. Varias residencias mostraban bloques recién puestos.

Muchas residencias que a principios de año fueron marcadas para ser demolidas todavía permanecían de pie, aunque sus escombros y columnas torcidas amenazaban la seguridad de quienes transitaban el área.

Según los datos que dio al CPI el Negociado para Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, un total de 2,660 casas fueron marcadas de rojo en los municipios afectados por los eventos sísmicos. Mientras que el CIAPR indicó que habría otras 4,000 estructuras adicionales marcadas de amarillo (la mayoría, viviendas). Por su parte, FEMA dijo al CPI que estima en 13,962 las viviendas que requieren reparación tras los terremotos, incluyendo las que quedaron totalmente destruidas.

En Guánica, familias trataban de reparar sus viviendas con los recursos que tuvieran a su disposición. No podían darse el lujo de esperar a que el Gobierno central produjera desde la capital una guía para la reparación de las casas afectadas por terremotos. La necesidad de tener un techo que percibieran como seguro era un asunto prioritario.

Fue esa misma barriada Esperanza uno de los sectores visitados por la gobernadora Wanda Vázquez Garced el Día de Reyes, cuando el primer terremoto de gran intensidad de este año despertó a muchos. Las fotos y abrazos no faltaron ese día, pero la promesa de Reyes de la Gobernadora quedó en nada.

Foto por Nahira Montcourt | Centro de Periodismo Investigativo

“Tengan la certeza de que no están solos en este proceso, que vamos a tener los jefes de agencia, en unión al Alcalde [de Guánica] y a la Asamblea Legislativa para ayudarlos a ellos, y que no están solos. Yo creo que lo más importante es que mantengan la calma y que los funcionarios de ODSEC (Oficina de Desarrollo Comunitario y Socioeconómico de Puerto Rico) y de las otras agencias van a venir mañana con sus ingenieros para hacer el cernimiento de los daños”, dijo la Gobernadora a los medios de prensa durante su breve recorrido en Esperanza el 6 de enero.

“Usted no se va a quedar sin casa. Usted verá que sí. Con el favor de Dios, nos va a ayudar, para que podamos restablecerle su hogar. ¡Amén!”, continuó la Gobernadora, mientras se dirigía a un hombre que perdió su residencia por el terremoto.

Pero diez meses después, los vecinos continúan sin la rehabilitación de sus viviendas, mientras recurren a las reparaciones informales para resolver y sobrevivir.

Hasta el 21 de octubre, FEMA había aprobado $68.7 millones de Asistencia Individual en fondos de recuperación relacionados a los terremotos. De esta cifra, $48 millones han sido desembolsados para reparaciones de hogar, aseguró la agencia.

Días después de los terremotos de enero, integrantes de la Comisión Especial de Terremotos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) acudieron al sur para inspeccionar residencias en los municipios más afectados. Su trabajo de campo les llevó a implementar una metodología de reconocimiento visual en la cual clasificaron las casas por colores, dependiendo de su estado y nivel de habitabilidad. Siguiendo el modelo utilizado en California (nombrado ATC-20), se marcaron con color rojo aquellas residencias inhabitables, verde para los casos en que sí son habitables y amarillo para las casas que sufrieron daños, pero pueden utilizarse con las debidas reparaciones.

En aquella ocasión, el grupo de ingenieros que realizó el reconocimiento visual lo hizo de manera voluntaria. Aunque la Comisión está en la disposición de regresar y darle continuidad al trabajo, les preocupa que el Gobierno no asuma su parte y no le esté dando seguimiento al problema.

De acuerdo al presidente de la Comisión, Félix Rivera, la falta de seguimiento por parte del Gobierno y los municipios de la región sur ha obligado a las personas a regresar a residencias que no son seguras o a hacer trabajos de reparación informal sin la certificación de ingenieros, tal y como el CPI observó durante el recorrido por la barriada Esperanza.

“Habría que volver a retomar el tema y de esas casas que hay en rojo, ver si se pueden reparar antes de ser habitables. Con lo de la pandemia [por COVID-19] este tema se quedó en un limbo y han habido otras prioridades del Gobierno”, explicó Rivera.

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