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La Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración (ADCCLD) hizo un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez para que imponga una moratoria en el cumplimiento del nuevo Reglamento Conjunto de Permisos.
Si no se concediera, la medida podría dejar a más de 10,000 personas “en el limbo”, ya que exige una reducción de cabida en las habitaciones.
“El reglamento incluye cambios en la regulación de Bomberos, quienes han cambiado la capacidad de los adultos mayores que podemos acomodar por habitación. Esto provoca que tengamos que decidir quién se queda fuera y quién se queda dentro”, dijo Juanita Aponte, presidenta de ADCCLD.
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Además, el nuevo reglamento exige, tanto a los hogares de cuidado prolongado para adultos y adultos mayores como a los albergues de protección a menores, albergues de protección de víctimas de violencia doméstica, los centros de cuido diurno de niños y los centros de servicios a personas sin hogar, que instalen rociadores automáticos contra incendios.
“Esta exigencia nos pone como una facilidad que brinda servicios de salud, como si nuestros centros fueran un hospital o clínica. Los rociadores salvan la propiedad, no salvan vida… Nosotros tenemos detectores de humo y los planes de desalojo al día”, manifestó Aponte, al estimar que el cambio representaría una inversión mínima de $30,000 en cada centro.
La ADCCLD acoge a más de 31,000 adultos mayores en 900 centros de cuidado.
Errónea adaptación de reglamento de EE. UU.
La presidenta agregó que el reglamento no corresponde a la realidad de infraestructura residencial en Puerto Rico, ya que los códigos se rigen de acuerdo con las viviendas de Estados Unidos.
“Hemos consultado el reglamento con pasados jefes de Bomberos y nos dicen que, en efecto, en la isla deberían hacerse los ajustes, porque el reglamento habla de gypsum board y chimeneas, lejos de nuestras facilidades hechas en cemento”, apuntó.
