Insisten en hacer público costos de medicamentos recetados

Con los “secretos de negocios” como uno de sus argumentos principales, la Asociación de la Industria Farmacéutica (PIA, por sus siglas en inglés) se opuso ayer a una medida que establecería mecanismos para identificar los factores que influyen en el aumento en el precio de los medicamentos, y obligaría a manufactureros y distribuidores a mantener los costos razonables.

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El presidente de la Comisión cameral de Salud, Juan O. Morales, dejó en evidencia que la organización, a través de su vicepresidente Rafael Castro, no pudo precisar los elementos del proyecto, el P. C. 2073, que inciden en aspectos del comercio interestatal regulados por la Comisión Federal de Argumento, como argumentó PIA.

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“A nosotros no nos deben preocupar los secretos de negocio de una multimillonaria. A mí me deben preocupar los miles y miles de ciudadanos que todos los días llaman a mi oficina diciendo, pidiendo ayuda porque no tengo dinero para mis medicamentos”, reaccionó Morales.

Otro deponente en la vista conjunta con la Comisión de Asuntos del Consumidor, la Droguería Betances, sugirió ante este panorama que “la delegación de requerimiento de información debe ser específica”.

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Además, PIA defendió que las farmacéuticas otorgan incentivos, rebajas y descuentos que no llegan a los consumidores y quedan en manos de los Manejadores de Beneficios de Farmacia y compañías de seguros.

“No es que nos negamos a que haya transparencia de precio. Nosotros estamos diciendo que la cadena total de suplido de medicamentos es la que maneja el precio. No la farmacéutica solamente”, argumentó Castro.

La Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas, o Coopharma, advirtió que el proyecto no incluye a los PBM y que debería hacerlo para lograr su propósito sobre el costo de las medicinas.

¿Qué hace la medida?

• Un nuevo comité interagencial monitoreará y divulgará los precios al detal de 300 medicamentos.

• Impone un requerimiento de aviso de aumentos de precios con 90 días de anticipación a Salud y a DACO, y con 30 días de anticipación al público en general.

• Obliga a manufactureros y distribuidores a rendir un informe anual con diversos precios, así como costos de investigación, de mercadeo y otros, el total de aumento de precios, el total de ganancias y otros datos.

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